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DETECTIVES PRIVADOS EN AVILÉS

En algunas de nuestras últimas intervenciones como detectives privados en Avilés se nos planteaba la necesidad de llevar a cabo ciertas acciones de vigilancia y seguimiento. Por razones que no conviene desvelar, nuestros esfuerzos se topaban con la habilidad del objetivo para dejar el menor rastro posible de sus movimientos y su capacidad de desaparecer inopinadamente. Finalmente, la investigación dio sus frutos y la información obtenida cumplió sus fines. Algo que, salvando las distancias, nos trae a la memoria la noticia de lo que se ha conocido sobre el seguimiento y la mediática detención del expresidente Puigdemont, hasta hace poco huído de la justicia española.

En este último caso, se empieza a cuestionar desde algunos ámbitos la procedencia del empleo de de sistemas electrónicos de seguimiento como las balizas de geolocalización, al parecer utilizadas en esta ocasión. El punto de mira se colocaría en la exigibilidad o no de previa autorización judicial para la colocación de estos sistemas o su control posterior por esa misma autoridad. Sin entrar en valoraciones jurídicas que no corresponde realizar a una agencia de detectives privados en Avilés, la cuestión aparece vinculada una vez más con los límites que la intimidad personal plantea en relación con la actividad de los poderes públicos, sus agentes o terceros.

Este problema se agudiza con las múltiples posibilidades de geolocalización que ofrecen los modernos dispositivos electrónicos. En un mundo donde los detectives privados alejados de la gabardina del cliché pueden aprovechar infinidad de gadgets en su día a día, es muy importante hacerlo con responsabilidad. Es cierto que puede tratarse de herramientas muy útiles al detective privado. Pero hay que saber cómo utilizarlas y bajo qué cobertura legal. Desde que un mero terminal apagado de un teléfono móvil ya puede ser utilizado para conocer la ubicación de su portador mediante técnicas de georreferenciación, el seguimiento a pie o en coche ha devenido en algo casi rudimentario. No es que hayan desaparecido, simplemente hay sistemas mejores de saber dónde se encuentra alguien en cada momento. O al menos, su teléfono móvil. O su coche. Otra cuestión es cuándo es lícito hacerlo y por quién.

Más allá de otras consideraciones, los profesionales de la investigación privada debidamente homologados  y habilitados por el Ministerio del Interior, somos muy conscientes de la normativa aplicable en cuanto a los límites impuestos a nuestra actividad. Realizar una acción de observación, vigilancia o segumiento, puede formar parte de esa actividad. El no hacerlo observando todas las restricciones que imponen las garantías legales de ciertos derechos  podría inhabilitar los resultados obtenidos. Por eso, todo detective privado sabe que no basta con obtener una información, sino que ésta debe ser eficaz. Por poner un ejemplo, la investigación sobre los hábitos de consumo y gastos de una persona, puede implicar una actividad de seguimiento y documentación por parte de un detective privado. Sin embargo, para que los resultados obtenidos sean demostrativos de un aumento de capacidad económica en un proceso de revisión de medidas en caso de divorcio, esas investigaciones deben venir avaladas y admitidas por un juez. Y sólo será así si el detective privado ha actuado conforme a la legalidad y sin vulnerar derechos de terceros. Garantías que, por lo demás, nos protegen a todos. Incluso a los peores delincuentes.

 

 

 

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