POR QUÉ Y CÓMO NOS ESPÍAN
Por si alguien no se había enterado, sí nos espían. Y cómo nos espían. Es un no parar, la verdad. Y no hablamos de los detectives privados. En comparación, el conjunto de actividades de investigación que puede realizar al año un detective privado en Oviedo, por poner un ejemplo, es ínfima. Una simple gota en el vasto océano de información que manejan sobre los particulares tanto autoridades como grandes corporaciones de la comunicación e Internet. La cuestión va mucho más allá de cualquier risible teoría conspiranoica. Es un hecho reconocido y aprobado.
Para empezar, no es algo nuevo. El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, ya se dedicaba antes de la actual crisis sanitaria, a rastrear la actividad particular en redes sociales. Siempre con fines legales, claro está. Y ente otras cosas, monitorizaba las redes sociales en busca de pruebas o indicios de la comisión tanto de los llamados delitos informáticos como de todo tipo de fraudes y estafas, o de actividades sospechosas de vinculaciones con el terrorismo yihadista. Cuestión distinta es la actual polémica por la monitorización de los bulos, aunque el propio instituto armado ha tratado de salir al paso de las críticas suscitadas por este espinoso asunto. La explicación de la propia Guardia Civil, es que ese seguimiento se hace, respetando escrupulosamente la libertad de expresión. No podía ser de otra manera. Y cualquier extralimitación en esos cometidos debería generar sus consecuencias. Legales, por supuesto.
En fin, parafraseando a John Rambo, podemos decir, que ésa no es nuestra guerra. Como detectives privados en Oviedo, conocemos sobradamente los límites a los que está sujeta la actividad de un investigador profesional. Y los acatamos, sin discusión. Y además somos conscientes de nuestro deber de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues así nos lo impone la ley. Y nuestra deontología profesional. Investigamos, averiguamos y captamos información, pero siempre bajo cobertura legal. Y así debe ser.
En un Estado de Derecho, donde todos los poderes públicos se hallan sometidos al imperio de la ley, los derechos fundamentales deben ser respetados. Pero esto no significa que no tengan límites. Lo que sí significa es que esos límites deben estar determinados legalmente. Es decir, por una norma con rango de ley, como lo son también los Decretos Leyes, en tanto que normas emanadas del Gobierno, pero que deben ser convalidadas por el Parlamento. Por eso también ha suscitado no pocos recelos la Orden Ministerial del Ministerio de Sanidad del pasado 27 de marzo.
La orden SND/297/2020 habilitaba a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial para llevar a cabo distintas acciones con el fin de combatir la actual pandemia. Entre ellas, desarrollar una App que permitiría la geolocalización de los móviles de sus usuarios por Comunidades Autónomas así como crear la base de datos DataCovid 19, dedicada al análisis de la movilidad de las personas durante el confinamiento. Si bien, en el primer caso, se entiende que los usuarios de la App, serán voluntarios, y voluntariamente aceptarán esa geolocalización. Y en el segundo, los datos cruzados recabados de las operadoras móviles deberán ser anónimos y agregados, con fines de estudio y no de identificación, como explican desde Moncloa.
La cuestión es que, con o sin garantías, sí que nos espían. Al menos, si entendemos espiar en el sentido de registrar información sobre lo que hacemos o dejamos de hacer y someterla después a análisis. Al igual que hacen las cookies instaladas en nuestro ordenador o nuestro móvil, para facilitar un rastro de tráfico por internet. O como hacen gigantes como Facebook o Google, al utilizar cualquiera de los múltiples servicios que nos ofrecen a cambio de la aceptación de esa renuncia a nuestra privacidad, de la que apenas somos consciente. O las operadoras de móviles al instalar cualquier App y autorizar nosotros mismos la correspondiente cuota de espionaje digital a cambio. Sólo nos cabe esperar, así pues, que toda esa información sobre nosotros que ya obra en poder de terceros, sea utilizada en nuestro beneficio y no para perjudicarnos. Pero, como detectives privados y expertos en investigación no podemos dejar de preguntarnos ¿quién decide eso?
